Los grupos ambientalistas caminan la senda que abrieron las pensionistas suizas con el fallo favorable de Estrasburgo, abriendo una grieta de esperanza para el movimiento ecologista.
La crisis climática nos está matando, enfermándonos y reduciendo nuestra calidad de vida. No actuar en esta cuestión viola los derechos fundamentales de los ciudadanos. Países como Suiza se han enfrentado a la condena internacional por este tipo de violaciones. España sólo puede alentar a los grupos ecologistas a demandar al Tribunal Constitucional por esta grave omisión.
Las organizaciones Greenpeace, Oxfam Intermón, Viernes por el Futuro, Acción Ecologistas y la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo participan en el primer proceso judicial del movimiento climático en España, llevado ante el Juzgado de Fianzas.
Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Esto significa que la forma en que nos comunicamos también afecta el significado de lo que decimos. El litigio es una herramienta cada vez más popular para el progreso ecológico entre los ambientalistas.
Ecologistas protestan contra el modelo económico y turístico en Barcelona, 8 de junio de 2024.
“En los últimos años se han realizado más de 2.000 procedimientos relacionados con el cambio climático en 65 jurisdicciones diferentes alrededor del mundo”, dijo a Público Inés Diez del departamento jurídico de Greenpeace. La petición de España se centra en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero pretende sentar las bases para futuras acciones. Pere Joan, portavoz de Fridays For Future, dijo al diario: “Queremos que los tratados internacionales como la protección de áreas protegidas y la protección de sistemas paisajísticos naturales sean respetados para mejorar la vida de las personas”. Por su parte, Diez destacó que «el objetivo de este tipo de tratamiento es conseguir algo más».
Los ambientalistas exigen que «los países comiencen a implementar seriamente sus obligaciones de reducción de emisiones y se abstengan de firmar acuerdos internacionales y convertirlos en letra muerta». “Si políticamente no podemos ejercer más presión sobre los países, tendremos que recurrir a medidas alternativas. En este caso, la acción legal es ideal para lograr que los gobiernos acepten y cumplan con sus obligaciones”, añadió el ecologista.
El activista de One Fridays For Future dijo que las estrategias de litigio «se adaptan perfectamente a los problemas que enfrentamos». Si bien las protestas y formaciones desempeñan un papel importante en el movimiento ecologista, “a través de medios legales, también podemos lograr avances significativos en la lucha contra el cambio climático”. En concreto, la demanda acusa a España de vulnerar el derecho a la vida y a la integridad corporal previsto en el art. 15 de la Constitución española. Así contó en detalle Diez a Público al respecto. La convocatoria se produce tras la histórica victoria de los jubilados suizos Klimaseniorinnen, a quienes Estrasburgo aceptó debido a su falta de protección climática. La sentencia del 9 de abril del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es una victoria para los derechos ambientales. La doctrina afirma que la inacción climática constituiría una violación de los derechos humanos por parte de los 46 estados miembros del Consejo de Europa, incluida España.
Los ecologistas españoles también condenaron la violación del art. 18 de la Constitución, relativo al honor, la intimidad personal, la familia y la imagen de cada persona. “Hay algunos daños ambientales que pueden vulnerar el derecho de las personas al respeto de la vida privada y familiar”, explicó a Público un abogado de Greenpeace. Por ejemplo, Klimaseniorninens afirmaba que «no podían ver a familiares y amigos porque el calor les impedía salir a determinadas horas o se veían obligados a cambiar de lugar de residencia», recuerda Diez.
El origen de la demanda de España es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2020. El objetivo de esta estrategia es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Los ambientalistas dicen que esta solución no es suficiente.
“La mitigación propuesta por el gobierno no será suficiente para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C como lo estipula el Acuerdo de París”, afirmó el ecologista. Por esta razón, apelaron al supremo, pero el tribunal no tiene autoridad para determinar el nivel de reducciones de emisiones que debía realizar el poder ejecutivo.
En su demanda, los ambientalistas argumentan que la falta de ambición del gobierno ha perjudicado la salud y la vida de las personas. Los demandantes pidieron al supremo que resolviera el asunto, y el tribunal anunció su fallo contra la fiscalía en mayo pasado. Un mes después, decidieron dar un paso más y apelar ante el Tribunal de Seguridad.
“El futuro no es lo que nos espera, sino el presente”, enfatizó el abogado de Greenpeace al hablar de las graves consecuencias para la vida que trae la crisis climática. En este escenario, “acudir a los tribunales es una buena manera de seguir presionando a los estados y gobiernos”, concluyó.