Según la asociación InGénero, estima que en España existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 apartamentos y 50 de prostitución callejera. La organización presentó el lunes los resultados de un estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, con el objetivo de presentar «cifras reales» que permitan «proponer soluciones efectivas» a los problemas que enfrentan las personas involucradas en la prostitución, como la ilegalidad.


“Es difícil proponer soluciones a sus problemas sin trabajar con datos reales”, enfatizó el coordinador nacional de InGénero, Miguel Ángel del Olmo.
La investigación también se produce dos meses después de que el gobierno continuara su revisión de la Ley sobre la trata de personas, que actualmente es objeto de consulta pública y regula, entre otras cosas, la concesión de permisos de residencia y trabajo a las víctimas de situación ilegal.

Según la organización, sólo el año pasado atendió a 6.055 personas involucradas en la prostitución en España, de las cuales alrededor del 51% trabajaban en pisos, el 45% en prostíbulos y el 4% en la calle.
Además, los datos muestran que Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias son las comunidades con mayor número de personas en esta situación.

La mayoría de las personas atendidas eran mujeres (5273 mujeres y 683 mujeres transexuales), 186 hombres transgénero. La edad promedio fue de 35 años, aunque la mayoría de los participantes tenían 28 años.

El estudio también muestra que este problema afecta principalmente a personas de origen inmigrante (86,5%), Colombia (29,1%), Paraguay (15,5%), República Dominicana (13,4%), Venezuela (7,8%), Rumania. (7%), Brasil (6%), Ecuador (3,3%), Perú (2,5%) y Cuba (1,9%) son los países más típicos. De todas estas personas, casi una cuarta parte ha vivido en España menos de un año y el 18% ha vivido en España entre uno y tres años.
Otro 24,1% ha vivido en el país más de 10 años, el 14,1% ha vivido en el país de 4 a 5 años y el 11,2% ha vivido en el país de 6 a 10 años.
De igual forma, más de la mitad de las personas atendidas por InGénero en 2023 se encuentran en situación administrativa irregular.

Cuando se les preguntó sobre los motivos para venir a España, el 63,2% dijo que nunca había tenido intención de ejercer la prostitución, aunque el 36,8% dijo que sabía que lo haría.
Cuatro de cada diez personas llevan menos de un año en este entorno, el 21,5%, de uno a tres años; el 13,3% entre 5 y 10 años y el 12% entre 10 años.

Como explica Del Olmo, casi todas las trabajadoras sexuales (95%) tienen responsabilidades familiares y casi el 57% tiene que cuidar de tres a cinco miembros de la familia.
El Coordinador Nacional de la organización aprovechó para consultar el proyecto de ley sobre trata de personas que prepara la Fuerza Pública y que, según él, aún requiere «una profunda consideración», ya que el equipo jurídico de InGénero sostiene que «no es suficiente para garantizar los derechos». de todo». personas en situación de prostitución, previniendo la violencia y la explotación sexual”.

En este sentido, la organización ha planteado varias propuestas para contribuir a la mejora de esta iniciativa, que aún está pendiente de aportaciones por parte de las Comunidades Autónomas.
De esta manera, proporcionan un aumento en la conciencia, se adaptan a la «realidad de la migración» y la prostitución social; Además de la prohibición de todos los anuncios, piensan que han creado «un aumento en el abuso sexual».

También proporcionan implementación «más apropiada» del acceso a la salud, teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada persona y garantizan que se realicen una «capacidad apropiada» para verificar el trabajo para verificar las cosas. Otra propuesta capacitaría a los funcionarios que trabajan con estas personas en temas migratorios y fortalecería las oficinas de atención a víctimas.

También abogan por acelerar los tiempos de identificación de las víctimas y crear un fondo estatal de fianzas y apoyo económico «para facilitar que las personas abandonen la prostitución».
La Coordinadora de Acción Social, Belén Jiménez, enfatizó: “La lucha contra la trata sexual requiere de acciones integrales para eliminar las causas estructurales de este fenómeno, así como de leyes que garanticen la protección de los derechos de las víctimas”.