Marruecos, Túnez y Mauritania usan fondos de la UE para detener y abandonar en el desierto a personas en tránsito hacia Europa.

La Unión Europea ha destinado cientos de millones de euros a países africanos a lo largo de los años para impedir que las personas intenten llegar a Europa saltando vallas o en barcos. Los fondos -al menos en los casos de Marruecos, Mauritania y Túnez- se utilizan en parte para capacitar a agentes, comprar vehículos, barcos y otros equipos utilizados para detener en masa a inmigrantes y obligarlos a trasladarse a desiertos y zonas remotas. Allí fueron abandonados, privados de agua, comida y teléfonos celulares, expuestos a peligros en lugares hostiles y abusos por parte de las autoridades.

La falta de transparencia del sistema financiero de la Comunidad hacia terceros países dificulta rastrear el rastro del dinero, pero una investigación realizada junto con Lighthouse Reports y varios medios internacionales ha desvelado un secreto a voces: la UE y sus estados miembros No sólo saben que sus socios africanos gestionan la inmigración ilegal con métodos brutales, sino que también ayudan a financiar esta actividad.

España juega un papel importante en esta política. Fue pionera en las subvenciones a terceros países para controlar mejor sus fronteras y defendió esta fórmula en Bruselas (por ejemplo en el caso de Mauritania) como eficaz. La UE ha tomado nota de esta política y ha firmado acuerdos similares con varios países: Marruecos, Túnez y Mauritania, además de otros países como el Líbano. Estos tratados han sido duramente criticados porque permiten a la UE subcontratar, sin garantías mínimas, una política clave -la migración- que tendrá un claro impacto en las próximas elecciones europeas previstas para el 9 de junio.

España también despliega agentes sobre el terreno y financia parcialmente a las fuerzas de seguridad para arrestar, encarcelar y transportar a migrantes contra su voluntad a lugares remotos y aislados.
La Comisión Europea confirmó que sus acuerdos con países africanos que ayudan a prevenir la inmigración ilegal más allá de sus fronteras contienen disposiciones que respetan los derechos humanos. ¿Por qué no se utilizan? Por supuesto, la UE no puede interferir en las políticas de los Estados soberanos, pero sí puede decidir absolutamente cómo gastar el dinero público de todos los europeos.

Si no existen mecanismos adecuados para impedir la creación de condiciones propicias para la barbarie, se debe considerar urgentemente su creación. Por respeto a la dignidad de los inmigrantes y a los valores europeos, y porque esta política trae más sufrimiento que resultados. La inmigración ilegal es un problema complejo y sin magia. Este problema no puede resolverse, pero sí puede abordarse de forma más humana y eficaz abordándolo desde todos los ángulos. Y sí, la gobernanza es la mejor fórmula para luchar contra la extrema derecha, que obtiene enormes beneficios atacando en el extranjero y vendiendo soluciones simples a problemas que no tienen solución. Además de las prácticas actuales, 15 países enviaron una carta a la Comisión la semana pasada proponiendo un mayor endurecimiento de la política de la UE, al igual que los 27 países que recientemente introdujeron un pacto migratorio ya restrictivo.

Quince países, encabezados por Dinamarca, exigen la creación de centros de deportación para personas rescatadas en el mar en países no pertenecientes a la UE. Esta sola posibilidad, combinada con la denuncia, debería despertar a la UE y recordarle que, más allá de sus propios intereses, debe recordar los valores europeos que han sido pisoteados.