Todo comenzaba con una oferta de empleo en Toledo y su contratación, sin que finalmente llegaran a trabajar.

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Toledo a tres presuntos integrantes de una red de inmigración ilegal que podría haber ganado hasta un millón de euros traficando a más de un centenar de personas a España, cobrando honorarios entre 14.000 y 16.000 euros.

En un comunicado, la Guardia Civil afirma que los miembros de esta red de reclutamiento magrebí gestionan una plantilla a nivel nacional y prestan sus servicios de intermediación principalmente a empresas agrícolas para garantizar que estas personas entren legalmente en el país.
Todo empieza con ofertas de trabajo y luego contrataciones para formalizarse, que acaba por no trabajar para empresas ni estar de alta en la Seguridad Social por un corto tiempo.

Empleos difíciles de cubrir

Las empresas realizan ofertas de empleo para puestos de difícil cobertura y con condiciones muy específicas, lo que dificulta encontrar trabajadores tan formados entre los empleados que buscan trabajo en el sector agrario de la provincia de Toledo.
De este modo, han recibido un certificado que permite a las empresas emplear trabajadores extranjeros en su país de origen, a quienes se les otorgan contratos de trabajo remunerados, permisos de trabajo para los empleadores y permisos de residencia.

Los investigadores calculan que los detenidos podrían quedarse con hasta un millón de euros de más de 100 víctimas identificadas hasta el momento.
Muchos de ellos, al no recibir la provisión prometida, quedaron indefensos, y otros se endeudaron para recibir el anticipo de 16.000 euros solicitado.

Durante la investigación se recogieron numerosas denuncias y testimonios de las víctimas, confirmando sospechas y mostrando la conducta de los detenidos.
Hasta el momento tres personas han sido detenidas en las localidades toledanas de Lillo y Villacañas, el caso sigue abierto y no se puede descartar la posibilidad de nuevas detenciones.

La operación «Cono», como se denominó la intervención, fue llevada a cabo por el equipo de información de la Comandancia de Protección Civil de Toledo y un grupo de personas de la unidad principal de la policía judicial.
También recibió apoyo del Centro de Información de Toledo y del Departamento de Seguridad Ciudadana.