Enfado extremo en los mercados municipales de toda España, desatado por una polémica campaña publicitaria de la ONG Justicia Alimentaria, financiada por el Gobierno central, para incitar a «repensar» el futuro de estas instituciones para que «no mueran» y para qué propósito mueren.
La Federación Española de Mercados de Alimentación Tradicional, con sede en Valencia, emitió un comunicado denunciando la medida nacional apoyada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, así como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La organización criticó la campaña que «provocó graves daños a la imagen de los mercados» y que fue financiada con donaciones públicas, que apareció en las calles de varias ciudades españolas.
«Esto ejerce una presión injusta sobre el mercado, especialmente sobre el mercado de Barcelona, el segundo servicio más popular de la ciudad», dijeron los empresarios.
“Todas las asociaciones y federaciones que forman parte de esta organización estamos dedicando mucho tiempo y energía para que los mercados y tiendas de abarrotes de todo el país sigan estableciendo estándares alimentarios sustentables”, dijo, “en cada uno de nuestros barrios”. Por ello, explican que “hablar con pesimismo del futuro o decir que estamos en crisis o al borde de la extinción no es correcto ni útil para nosotros”.
De esta forma, afirman que esta campaña “no aumentó”, causándoles graves perjuicios y “poniendo en riesgo el empleo de cerca de 500.000 personas que trabajan en los mercados de la ciudad”. Por todo ello, enviaron una carta a los dos ministerios exigiendo la «retirada inmediata» de la medida que «afecta muy negativamente» a su imagen, y que «tampoco recibimos apoyo y no compartimos el mensaje».
La verdad es que nadie se ha presentado”.
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Además, la ministra de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España así como al Ministerio de Derechos Sociales, Asuntos Humanos, Consumo y Agenda 2030 para exigir acción inmediata para retirar su apoyo a la campaña lanzada por la ONG de justicia alimentaria.
Nuria Montes calificó de “absolutamente inaceptable que el Gobierno central haya permitido esta campaña de desprestigio y agresión no provocada contra nuestros mercados y productos alimentarios más emblemáticos, estándar de calidad y gestión en todo el mundo”.
“No sólo no ha sabido proteger el mercado, sino que le ha causado graves daños, poniendo en riesgo el empleo de medio millón de personas que trabajan en los mercados municipales de toda España”, añadió el concejal.
En la carta enviada a ambas consejerías se destaca que en la Comunitat Valenciana existen 149 mercados, con 4.244 puestos de trabajo que crean oportunidades de empleo directo para 10.600 personas, el 65% de las cuales son mujeres.
Por su parte, Maribel Sáez asevera que «la retórica de esta campaña es ansiosa, incierta y poco sincera sobre el futuro del mercado y presenta un sector que necesita toda nuestra ayuda para seguir luchando por la excelencia».
El consultor y director general también expresan en la carta su disconformidad con que el producto elegido para la imagen de la campaña sea una naranja podrida con el lema “El mercado está muriendo”, tal y como aparece en la campaña en el sitio web de la empresa.
En este sentido, explican que “para la sociedad valenciana, el color naranja es un signo especial, equiparable a muchos símbolos de gran importancia para los valencianos, como el plátano de Canarias o el marisco gallego”.
Criticaron «esta manipulación de la imagen como una manipulación encaminada a desprestigiar la naranja y con ella la oferta en nuestro mercado».
Por todo ello, exigieron «una corrección general y la retirada inmediata de la campaña», empezando por el reparto de carteles en Barcelona y anunciando la continuación de la campaña en el resto de grandes ciudades de España, incluidas Valencia y Madrid. Sevilla, Zaragoza y Bilbao.
Además, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana exigió la retirada inmediata de la campaña publicitaria.
El partido político declaró: «No aceptaremos una campaña que causará graves daños a la imagen de las naranjas y, por tanto, al sector agrícola de la Comunidad Valenciana».
