El gobierno decidió impugnar el consentimiento de la asamblea parlamentaria catalana, que aprobó la iniciativa de independencia de Cataluña.
Así lo afirmó el presidente Félix Bolaños en conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del martes, al afirmar que la única manera de «paralizar» inmediatamente la implementación de esta iniciativa es transferir el poder ejecutivo al Tribunal Constitucional.
“Esto no pasa cuando lo hace un grupo parlamentario como el PSC”, dijo Bolaños, en referencia a la convocatoria realizada el 21 de marzo por el Partido Socialista Catalán.
La Iniciativa Legislativa Popular (PLI), registrada por Solidaridad Catalana por la Independencia el 2 de febrero, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero con mayoría a favor de Junto y la CUP, abstención de ERC y voto en contra del PSC.
El objetivo es pedir a la Cámara Catalana que declare la independencia de Cataluña.
Para evitarlo, el PSC recurrió la decisión de la Junta ante el Tribunal Constitucional, aunque la única manera de paralizar la revisión mientras estuviera pendiente el recurso era que lo hiciera el Gobierno, que debía encontrar la manera de suspender el acuerdo según el art. artículo 161, artículo 2 de la Ley Constitucional.
Así lo hizo el Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que decidieron paralizar la consideración de esta iniciativa emitiendo denuncias por incumplimiento de la Constitución. Según Bolaños, esta decisión es plenamente coherente con el hecho de que el PSOE y el gobierno defienden y “defienden la Constitución, las instituciones de Cataluña, el diálogo, los acuerdos y el hecho de que podemos entendernos”, aunque eso vale la pena.
teniendo en cuenta. que entre los socios del Gobierno estaban Junts, uno de los grupos que apoyaba la iniciativa, y ERC, que se abstuvo en la votación.
Este acuerdo fue cuestionado en base a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, porque existían motivos de vulneración de la Constitución y extralimitación en la competencia de la Generalitat.
La causa de esta «inconstitucionalidad» radica en la inconsistencia con la práctica del Tribunal Constitucional y con el acuerdo aprobado por el Consejo Parlamentario.
El Gobierno rechaza la «política aislacionista»
Bolaños defendió la convocatoria argumentando que ni el ejecutivo ni el PSOE están «en modo alguno» involucrados en aislar a Cataluña de España y Europa, ya que su objetivo es que la comunidad se convierta en una parte esencial de España y de la UE.
«No creemos en ninguna política aislacionista en Cataluña, queremos que se convierta en un motor tanto en España como en Europa», ha asegurado.
Por eso presenta este recurso, con un plazo de dos meses, y lo hizo después del primero, que fue un argumento para rechazar las iniciativas divisivas que provocan división social y generan tensión.
Según él, proteger la Constitución y la autonomía de Cataluña es «la mejor garantía» para la convivencia de catalanes y catalanes con otros españoles.
