El Gobierno ha incumplido su promesa de tipificar este tipo de violencia de género, tras la propuesta realizada por la magistrada Lucía Avilés.

Cuando hablamos de violencia de género, normalmente nos referimos a violencia física, psicológica o sexual.
Sin embargo, la violencia económica casi nunca se habla, aunque es la tercera más común, afecta al 11,5% de las mujeres en España, y el número de denuncias va en aumento.
Sin embargo, este es uno de los problemas pendientes en la lucha contra la masculinidad sádica y controladora: el sistema legal español no reconoce este tipo de abuso, y la reforma del código penal que el gobierno prometió implementar en la última legislatura no la ha cumplido.

De hecho, la violencia económica sigue siendo un fenómeno completamente desconocido incluso entre abogados y ejecutivos, porque desde hace muchos años es invisible, normalizada y se produce en muchas formas.
La conciencia no deja huellas evidentes como las palizas.
Puede ocurrir que el perpetrador ejerce control económico sobre la víctima controlando todos los gastos, impidiendo que la víctima acceda a fondos u ocultando dinero juntos.

Otra forma es el sabotaje laboral, que se produce cuando a las personas se les impide trabajar o estudiar, a menudo por tener que cuidar de la casa o de los niños.
También existe la explotación económica, que se produce cuando el agresor se apropia o destruye intencionalmente los recursos económicos de la víctima.


Pese a ello, un macroestudio del Ministerio de Igualdad publicado en 2019 encontró que afecta al 11,5% de las mujeres en España (2,3 millones de españolas mayores de 16 años), siendo esta la tercera frecuencia más alta y la fuerte relación de este método con otras formas de abuso. El 91,2% de las víctimas fueron víctimas de violencia controlada; 57,9% – violencia física y 48,2% – violencia sexual.

La investigación también muestra que la forma más común es prohibir las decisiones de compra autónoma (esto afecta al 7,5 %) que el invasor se niega a transferir dinero a los gastos del hogar ( 6, 3 %) o aplicado a que estudie o trabaje (5 %).

También es una violencia que puede durar después de un divorcio: cuando el invasor se niega a realizar una pensión o permitir que la víctima se ocupe de las posiciones importantes, como la hipoteca.