La prescripción de los delitos investigados causó controversia entre los fiscales de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional procesará a la exlíder de ETA María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por el secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco en 1997.
El Juzgado Directivo Central nº 6, investiga la responsabilidad de la cúpula de ETA en el caso de la orden que provocó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, implementándose nuevas medidas que permitieran el propuesto juicio a Anboto.
La sala decidirá si finalmente se lleva a cabo un juicio oral, ya que uno de los demandantes en el caso objetó su juicio debido a la prescripción del caso de asesinato.

La Audiencia Nacional ordenó la reapertura del juicio a Miguel Ángel Blanco el 17 de marzo de 2022, tras una denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
Esta vez, las investigaciones arrojan luz sobre la dirección de ETA, o Zopa, como la llamaban los etarras, según informes de la Guardia Civil que contribuyeron a la acción y a los que tuvo conocimiento este periódico.
El atentado a Miguel Ángel Blanco se produjo cuando Anbuto estaba al frente del aparato militar, y investigadores del Instituto del Ejército la mencionan en sus informes como la persona que dio la orden de asesinar al joven alcalde de Ermua.
El verano pasado, el juez Manuel García Castellón inició un procedimiento para dar luz verde a Francia para procesar.
Anbuto, etarra detenida en Francia, se acogió al llamado principio pericial, según el cual no puede ser juzgada porque no había sido extraditada previamente a España por las autoridades francesas.
El tribunal francés aprobó la extradición hace apenas unos días, por lo que ya es posible abrir nuevos procedimientos en España.

Actualmente, la investigación se ha extendido hasta agosto.
La vista final está prevista para el próximo jueves 18 de abril y el jefe de ETA declarará ante un juez de la Audiencia Nacional.
Previsiblemente, como ha ocurrido en otros interrogatorios, Anputo se negará a declarar.
Posteriormente, según supo Okdiario por fuentes cercanas al caso, todo hacía indicar que se presentaría auto de procesamiento para juzgar al etarra, que ya había recibido una pena de prisión de más de 400 años por su sangriento pasado terrorista.

Anbuto, exlíder de ETA en España, fue acusado de cometer 14 asesinatos, además de prestar su casa familiar a miembros de ETA para albergar y almacenar explosivos.
María Soledad Ibarraguirre ocupa puestos de responsabilidad dentro de la banda terrorista: dirige el llamado comando legal de ETA, gestiona el aparato militar de la banda criminal y se encarga de recaudar y gestionar las operaciones y extorsionar a los empresarios.
, que el grupo llama un impuesto revolucionario.
Fue este liderazgo el que impulsó a la organización Dignidad y Justicia a presentar una denuncia para reabrir el caso del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La prescripción de los delitos cometidos jugará un papel importante a la hora de decidir si el exlíder de ETA vuelve o no al banquillo de los acusados. El plazo de prescripción es de 20 años; Sin embargo, en 2010, la ley fue modificada para declarar injustificados los asesinatos terroristas.
Durante la instrucción, el juzgado acordó investigar las circunstancias, rechazando la prescripción planteada por la defensa de los etarras.

El plazo de prescripción en este caso generó controversia dentro de la fiscalía. El primer fiscal encargado fue Miguel Ángel Carballo, que obtuvo el cargo que buscaba en Ciudad Real tras oponerse a las acusaciones de terrorismo en los hechos que le imputaban durante el tsunami.
Luego el fiscal general Vicente González Mota se hizo cargo del caso y redactó un informe en el que decía que los crímenes no habían sido organizados, contradiciendo las órdenes del ministro de Justicia, Jesús Alonso, quien lo instó a no continuar con la investigación.
Esta disputa motivó que el fiscal Pedro Rubera emitiera una declaración detallada y González Mota fue apartado de la causa, asignándosela a Carballo y al fiscal Joaquín González Herrero.
También se abrió proceso disciplinario contra Vicente González Mota por supuestamente divulgar información conocida en el ejercicio de sus funciones, al momento de publicarse el incidente en la prensa.
El proceso contra Motta ha sido archivado.

Hoy, pese a la confusión de la fiscalía sobre la presentación de los hechos, el juez seguirá adelante y recomendará que Anboto sea juzgado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Miembros de ETA secuestraron a un asesor del PP cuando se dirigía al trabajo y extorsionaron al Estado español durante tres días.
Terminaron matando al joven, lo que sorprendió a los españoles que organizaron vigilias en todo el país el día antes de su asesinato, que 29 años después se esperaba que fuera a juicio contra los líderes de ETA.