El gobierno sugiere que España necesita promover una fuerte migración para mantener su actual estado de bienestar en el futuro, ya que el envejecimiento de la población aumentará significativamente los costos.

El ejecutivo acepta datos de organismos como la Comisión Europea, el FMI y la Airef: España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes trabajando en el país cada año hasta 2050 para que el Estado de bienestar funcione de forma duradera.
Así lo anunció este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno informativo organizado por el Foro Ejecutivo.

Saiz señaló que prefiere ver la migración como una «oportunidad» y no como un desafío y destacó el aporte de los trabajadores extranjeros a las cuentas de la seguridad social. Según Saiz, generan el 10% de los ingresos del sistema pero sólo consumen el 1% de los costos.
La diferencia tiene mucho que ver con las características demográficas de quienes migran al país: muchas veces son jóvenes en su edad adulta, que trabajan y cotizan al sistema de seguridad social.
El ministro responsable de Migración también destacó las recientes reformas en la ley de inmigración y dijo que en el último año y medio se habían concedido 300.000 permisos de trabajo a inmigrantes.


Dijo que Sais planea ir más allá con los cambios a las reglas de inmigración introducidos por su predecesor José Luis Escrivá e introducirá la reforma de esas reglas en el verano.
Saiz habló sobre los desafíos de búsqueda de mano de obra que las empresas han informado recientemente y las posibles soluciones que puede traer la migración.
El supuesto problema de las vacantes, que desde la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y sindicalistas no consideran real, se basa en estadísticas.
La ministra destacó que “la realidad es que hay miles de puestos de trabajo vacantes en nuestro mercado laboral”.
Y aunque sostuvo que la prioridad del Gobierno «seguirá siendo aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales» de los desempleados, atraer trabajadores extranjeros «a través de la migración legal, el orden y la seguridad» también será una máxima prioridad.
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Mensaje «tranquilizador» sobre las pensiones

El ministro también debe responder a las preguntas sobre la estabilidad del sistema de pensiones, que fue cuestionada en la última previsión de gasto publicada por la Comisión Europea el viernes pasado y evaluada por el Ministerio de Economía.
En un informe sobre el envejecimiento de la población, España fue identificada como el país que más gastará en pensiones en relación con el PIB en 2045 y 2070, en un momento en el que el sistema se verá más afectado por la explosión de la generación infantil.
La previsión de la Comisión no es un asunto baladí.
La reforma de las pensiones aprobada por Escrivá a finales del año pasado incluía una disposición que permitía poner fin a la reforma de las pensiones si se rechazaban las previsiones de gasto. La existencia de este insulto será confirmada por la Airef en un informe que presentará el próximo año. Pero el supuesto subyacente para la elaboración de este documento son las previsiones de gasto que la Comisión acaba de presentar.
A estas alturas, el Ministro defiende la decisión de «reevaluar y dignificar a los pensionistas», aunque ello implique aumentar el gasto público.
Además, reiteró que la reforma aprobada por Escrivá también incluye medidas recaudatorias para compensar el aumento de costes. Saiz defendió que los ingresos de la Seguridad Social están creciendo más de un 10% anual debido al fuerte crecimiento del empleo y quiso enviar una señal de «tranquilidad».
“Los ingresos están creciendo mejor de lo esperado y este informe [el Informe sobre el envejecimiento] sólo analiza los costos.
Tendrás que mirar la foto completa.
Estamos tratando de promover estas fortalezas del mercado laboral», añadió.
Aunque la Airef no presentará su informe hasta 2025, la autoridad fiscal independiente ha sugerido que España probablemente necesitará ajustar el sistema para igualar el nivel del 0,8% del PIB de Bruselas.
Las reducciones de costes o los aumentos de ingresos ascenderán a unos 12 000 millones de euros de aquí a 2024.
La cifra definitiva no se conocerá hasta el año que viene, si finalmente se activa la cláusula de parada del sistema, como todo indica que así será.