Cinco municipios con terrenos en la Base Aérea de Armila (Granada), cuatro de ellos gobernados por el Partido Popular y un quinto municipio socialista, pidieron por unanimidad al Gobierno central ceder la zona para crear un centro de inmigrantes, una opción que congregó a los vecinos que rechazado.
Creará superpoblación.

La posibilidad de construir un centro de acogida temporal de inmigrantes en tierra firme en la Base Aérea de Armila, presentada por el Ministerio de Defensa, recibió respuesta a los pocos días por parte de los gobiernos municipales de la región, de los países vecinos y de partidos como Vox y BP, que Anunciaron en varios puntos del país los tonos de las acciones de la Ciudad del Rechazo.
El diputado delegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha anunciado este miércoles que el uso de las instalaciones militares del centro es sólo una opción en el marco de los estudios jurídicos y que el Ejecutivo está analizando si el terreno cumple los requisitos o no.
Requerimientos legales.

La respuesta la dieron de manera abrumadora los municipios de Alhendín, Armilla, Choriana de la Vega, Las Gabias y Ujijares, quienes señalaron la incompatibilidad del planeamiento urbanístico para construir un “campamento” de personas migrantes en terrenos de defensa nacional.
El Ayuntamiento de Allhinden fue el primero en actuar convocando urgentemente una asamblea general extraordinaria que acordó, este jueves, suspender cualquier acción promovida en los terrenos de la base aérea de Armila que afecte al área de la ciudad.

Lo hizo con el pretexto de que se violarían las normas urbanísticas porque los terrenos cedidos por Defensa a Migraciones eran de carácter rural y no contenían ningún instrumento urbanístico que permitiera obras públicas.
Con el voto a favor del Gobierno del Partido Popular y la abstención de los miembros del Consejo de Vox, así como la abstención del Partido Socialista Obrero, los dos indios dieron por terminadas las comunicaciones recibidas el martes 2 de abril de Tragsa General, y la empresa anunció el inicio de las «obras de emergencia».

Montilla luego explicó que esta orden de trabajo era una manera de ahorrar tiempo a Trajsa, quien era responsable de trabajar en otros centros migratorios del país, pero eso no quitaba que el lugar elegido para hacerlo fuera la Base Aérea de Armila.
Representantes del gobierno de Granada han propuesto un plazo, anunciando que se identificará un sitio dentro de un mes para que las instalaciones estén listas en cuatro meses para albergar a los inmigrantes que han buscado asilo en el país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáez, rechazó este viernes precisar si finalmente estos terrenos granadinos serán seleccionados para la construcción de un nuevo centro destinado a garantizar el disfrute de derechos en este desafío migratorio.
Pero subrayó que esta decisión estará sujeta a un diálogo y una escucha efectivos, y subrayó que el Gobierno central elegirá la “mejor” ubicación.

Los vecinos de la zona cedida por Defensa, zona destinada a viviendas unifamiliares, han formado una asociación con más de mil participantes, y además de reuniones con los alcaldes de los cinco municipios, han rechazado incluso la propuesta de proyecto con la primera expresión.
Este sábado marcharon desde Alhendín hasta Armilla, un recorrido sin incidentes y sin declaraciones «ni políticas ni xenófobas» con el lema «No entrar en los campamentos».
Di no a la superpoblación”, y en él aseguran que rechazan el proyecto simplemente porque no es adecuado.
El bloque parlamentario «Fox» registró una propuesta ilegal solicitando el apoyo del Parlamento andaluz para paralizar el centro, con el pretexto de que viola la ley y «olvida» que hay límites.

Fox incluyó en su texto datos sobre el aumento de la delincuencia en Andalucía, y exigió la deportación urgente de todos los inmigrantes que lleguen a Andalucía de forma irregular.
La Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos (APDHA) destaca su preocupación por el rechazo social y municipal al centro, y reclama una política de derechos humanos y la elección de un diálogo que no dé «alas» a un discurso que conlleva connotaciones racistas.